Controversia en Ciudad del Este: Transportistas vs. Transporte Universitario Gratuito

En Ciudad del Este, se ha desatado una controversia entre gremios del transporte privado y universidades locales, a raíz del servicio gratuito de transporte que estas últimas ofrecen a sus estudiantes. Los transportistas argumentan que este servicio representa una competencia desleal y genera pérdidas económicas, exigiendo su eliminación. Sin embargo, las universidades defienden su iniciativa, alegando que es fundamental para facilitar el acceso a la educación y no afecta directamente las operaciones comerciales del transporte público.

El servicio de transporte universitario en cuestión es un circuito cerrado, exclusivo para estudiantes, que conecta hospitales universitarios, laboratorios, centros tecnológicos y aulas. No se cobra pasaje y no está abierto al público en general. Se financia con fondos propios de las universidades como parte de su compromiso con el apoyo académico. A pesar de estas características, los transportistas insisten en que les perjudica económicamente, una acusación que las instituciones educativas rechazan tajantemente.
Representantes del sector educativo han manifestado que la presión ejercida por los transportistas responde a intereses puramente lucrativos, sin considerar el impacto negativo que la suspensión del servicio tendría en miles de estudiantes que dependen de esta ayuda para continuar sus estudios. Subrayan que la función principal del transporte universitario es facilitar el acceso al conocimiento, y no competir con el transporte comercial.
Es importante destacar que, a diferencia de otras ciudades como Encarnación, donde el programa «Che Bus» (transporte estudiantil gratuito) opera mediante un acuerdo entre el municipio y empresas privadas, en Ciudad del Este las universidades sostienen este servicio por sí solas, sin apoyo gubernamental ni convenios públicos.
Las autoridades universitarias también resaltan la contribución significativa del sector académico al desarrollo local. La presencia de una gran cantidad de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, dinamiza la economía local a través del alquiler de viviendas, el consumo, la alimentación, el ocio y el uso del transporte público en actividades no relacionadas con el ámbito académico.
Desde el sector educativo se argumenta que la controversia no se basa en una competencia real, sino en una oportunidad de lucro no aprovechada por los transportistas. Señalan que el objetivo no es mejorar el servicio de transporte público, sino impedir alternativas solidarias que benefician a los estudiantes. En el centro de la discusión se encuentra el derecho a la educación, la permanencia en las aulas y la igualdad de oportunidades. Las universidades insisten en que la educación no es una amenaza ni una mercancía, sino un derecho fundamental que debe ser protegido. La resolución de este conflicto tendrá un impacto significativo en el futuro de la educación superior en Ciudad del Este.