“Justicieros de la frontera” advierten a los comerciantes que no colaboren con la Policía Nacional
El jueves 21, varios comerciantes del barrio Obrero en Pedro Juan Caballero se encontraron con panfletos amenazantes frente a sus negocios. Estos mensajes, firmados por un grupo autodenominado «Justicieros de la Frontera», advierten a los comerciantes que no colaboren con la Policía Nacional, específicamente prohibiéndoles entregar grabaciones de sus cámaras de seguridad.
Los panfletos, redactados en letras mayúsculas, contenían la siguiente amenaza: «AVISO A LA CIUDADANÍA DE PJC NO DAR CÁMARAS A AGENTES POLICIALES AQUELLOS QUE DAN PAGARÁN «CON SU VIDA» VAMOS A BRINDAR PAZ A LA CIUDAD DE PJC ATT. JUSTICIERO DE LA FRONTERA». Esta intimidación directa busca impedir que los comerciantes proporcionen a las autoridades pruebas cruciales para la investigación de delitos.
Según reportes, varios comerciantes de la calle Daniel Díez, una vía que conduce a la Penitenciaría Regional, confirmaron el hallazgo de los panfletos. Sin embargo, el temor a represalias ha silenciado a muchos, con algunos negándose incluso a reconocer la existencia de los mensajes, a pesar de que estos fueron encontrados frente a sus establecimientos.
En la actualidad, los comercios en Pedro Juan Caballero, al igual que en muchas otras ciudades, dependen de los sistemas de videovigilancia para prevenir robos y asaltos. Las grabaciones generadas por estas cámaras son herramientas valiosas para la Policía Nacional, facilitando la identificación de delincuentes y el esclarecimiento de hechos delictivos. La amenaza de los «Justicieros de la Frontera» representa, por lo tanto, un intento de obstaculizar la labor policial y generar un clima de inseguridad y temor en la comunidad.
La identidad de los responsables de estas amenazas aún se desconoce, y la situación ha generado una considerable preocupación entre los comerciantes locales. Se espera que la Policía Nacional tome cartas en el asunto e inicie una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a los autores de estas intimidaciones, garantizando así la seguridad de los comerciantes y la efectividad de la lucha contra el crimen en la región.
