Venezuela despliega el ejército para la «defensa integral de la nación» frente al ataque de Estados Unidos

• El Gobierno se reserva el derecho a ejercer el «legítimo» derecho a la defensa para proteger su territorio

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y los estados centrales de Miranda, Aragua, La Guaira y ha ordenado el «despliegue del comando para la defensa integral de la nación». Horas después de los ataques, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado que fuerzas estadounidenses han capturado a Nicolás Maduro y a su esposa, que van a ser juzgados por presunto «narco-terrorismo» y otros cargos en un tribunal de Nueva York.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, ha informado de que, ante la «agresión criminal» cometida por el gobierno de los EE.UU., han solicitado una reunión «urgente» del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «responsable de hacer valer el Derecho Internacional». «Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso», ha sentenciado en un mensaje en la red social X, antes Twitter.

Pocas horas después de que se registrasen los bombardeos, pero antes de que se anunciase la retención por parte de estaros unidos de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el Gobierno chavista ha indicado en un comunicado leído en la televisión estatal VTV que se había ordenado el «inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país».

Esa ha sido la primera acción de una respuesta venezolana, que no se ha reflejado tanto en lo militar como en la petición de intervención internacional contra lo que han calificado, en palabras del propio canciller a Radio Nacional, de un bombardeo «desmedido» y «cobarde» -durante la madrugada del viernes al sábado-, que ha dejado «víctimas mortales civiles y militares».

Estado de conmoción exterior

La Administración de Maduro ha declarado el estado «conmoción exterior» para proteger el territorio nacional y pasar «de inmediato a la lucha armada».

Ese estado de conmoción exterior es un equivalente al estado de sitio, por el que el Gobierno puede declarar cuando considere que la seguridad del país se encuentra amenazada desde el exterior, como en casos de agresiones militares, y da amplios poderes al Ejecutivo. Como parte de ese mismo decreto, se ha anunciado el despliegue militar y policial.

Milicias civiles

La resistencia militar de Caracas reside especialmente en las milicias bolivarianas y en los civiles armados que se han estado movilizando en las últimas semanas, así como en los servicios de Inteligencia, que están muy conectados con los de Cuba.

Las fuerzas militares entre ambos países son desiguales: solo el Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, que pertenece a EE.UU. y que está atracado frente a aguas del país caribeño, tiene más aviones de última generación que toda la aviación de Venezuela.

Sin embargo, toda esa potencia de ataque podría no ser suficiente. Miguel Ángel Ballesteros, que entre 2018 y 2023 fue director del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, aseguraba en TVE que Estados Unidos no va «a poner bota sobre el terreno, pero, si la pusiera, estaríamos hablando de un conflicto asimétrico».

«Violación de la Carta de la ONU»

Este hecho constituye «una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza», ha añadido el Gobierno al alertar que esta «agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas».

Además, ha asegurado que se reserva el derecho a ejercer el «legítimo» derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El Gobierno también presentará una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) «exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense».

Ben Saul, relator experto de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo -que no marca el posicionamiento oficial de este organismo-, ha expresado en su cuenta de X que condenaba «la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro ilegal de su líder y su esposa». «Cada vida venezolana perdida es una violación del derecho a la vida. El presidente Trump debería ser sometido a un juicio político e investigado por los presuntos asesinatos», ha destacado.

Explosiones

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

Trump advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una «gran instalación» dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el hecho se produjo dentro del territorio venezolano. El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Después de duplicar, en agosto pasado, la recompensa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que acusa de narcotráfico, Estados Unidos anunció un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, próximas al país suramericano, que ha calentado la relación entre Caracas y Washington.

La movilización aeronaval ha servido de marco para el bombardeado de más de 30 lanchas a las que Washington vincula con el narcotráfico y la incautación de barcos petroleros sancionados como parte de una operación que la Casa Blanca defiende como una acción antidrogas y que Caracas denuncia como una «amenaza» para un «cambio de régimen».

RTVE