El Programa Hambre Cero: Descentralización, Denuncias de corrupción y acusaciones de clientelismo político
El programa «Hambre Cero», formalmente conocido como Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ha generado un intenso debate, particularmente en lo que respecta al manejo de fondos millonarios por parte de las gobernaciones. Desde su creación, esta iniciativa, destinada a garantizar el almuerzo escolar, ha estado envuelta en denuncias de corrupción y acusaciones de clientelismo político. La reciente controversia en torno a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, y la subsiguiente propuesta de exclusión de algunos departamentos del programa han reavivado el escrutinio público y la preocupación de los gobernadores.
La Ley N° 7264/2024, que dio origen al Fonae, asignó la administración de los recursos a las gobernaciones, con la excepción de Central, Presidente Hayes y Asunción, debido a previos señalamientos de irregularidades. Esta descentralización del programa buscaba agilizar la provisión de alimentos a las escuelas. Entre 2024 y 2025, las gobernaciones recibieron en conjunto más de un billón de guaraníes (aproximadamente 160 millones de dólares) provenientes del Fonae. Alto Paraná lideró la recepción de fondos, superando los 166.000 millones de guaraníes, seguido por San Pedro con 149.668 millones y Caaguazú con poco más de 133.000 millones.
Sin embargo, la distribución de estos fondos no ha estado exenta de controversia. Los intendentes protestaron inicialmente por su exclusión del programa, argumentando una centralización excesiva. Más recientemente, la ostentosa fiesta de 15 años organizada por la gobernadora de Concepción, Liz Meza, generó indignación y sospechas sobre el origen de los fondos utilizados. Aunque la gobernadora afirmó que el costo de la fiesta ascendió a 600 millones de guaraníes y que recurrió a un préstamo para cubrirlo, la falta de claridad en los montos y el origen del dinero alimentaron las acusaciones de desvío de fondos de Hambre Cero.
Este escándalo no solo reavivó los cuestionamientos sobre la falta de control en el uso de los recursos del Fonae, sino que también exacerbó las tensiones políticas de cara a las elecciones municipales. En Caaguazú, el movimiento Colorado Añetete denunció despidos injustificados de mujeres que trabajaban como cocineras, auxiliares y limpiadoras en el programa de alimentación escolar. Similares denuncias surgieron contra el gobernador Marcelo Soto.
En respuesta a las crecientes denuncias, el senador Silvio Ovelar impulsó un proyecto de modificación del Fonae para excluir a Concepción de la asignación de recursos. La senadora Lizarella Valiente extendió la medida a Alto Paraná, mientras que otros congresistas propusieron, sin éxito, dejar a todas las gobernaciones sin estos fondos, provenientes del excedente de energía de Itaipú vendida a Brasil.
La aprobación de la media sanción del Senado generó alarma entre los gobernadores, especialmente en un contexto de campaña de apoyo a precandidatos a intendentes. El Consejo de Gobernadores del Paraguay, liderado por César Sosa, expresó su preocupación ante la medida, enfatizando la ausencia de denuncias formales. La Contraloría General de la República anunció la verificación de las declaraciones juradas de todos los gobernadores, lo que sugiere una intensificación del control sobre el manejo de los fondos públicos.
El Consejo de Gobernadores reafirmó su compromiso con el programa Hambre Cero en las Escuelas y defendió el modelo de descentralización. Sin embargo, la creciente presión pública y política exige mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos. El futuro del Fonae, y su impacto en la alimentación escolar en Paraguay, dependerá de la capacidad de las autoridades para abordar las denuncias de corrupción, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los fondos lleguen efectivamente a los estudiantes que más los necesitan. El debate sobre la descentralización y la efectividad del programa está lejos de concluir.
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