Inmobiliarias versus Clientes Morosos: Un Conflicto en Pedro Juan Caballero

Un delicado conflicto entre empresas inmobiliarias y compradores de terrenos en Pedro Juan Caballero ha escalado a un punto crítico, generando una notable preocupación pública. La raíz del problema reside en las acciones legales emprendidas por las inmobiliarias para recuperar propiedades cuyos compradores han incurrido en retrasos significativos en el pago de las cuotas. Estas empresas exigen el pago íntegro de las deudas acumuladas, incluyendo intereses moratorios que, en muchos casos, resultan prohibitivos y colocan a los clientes en una situación de vulnerabilidad económica.
La controversia se presenta como un escenario complejo con múltiples perspectivas. Las inmobiliarias, por un lado, argumentan que están en su legítimo derecho de recuperar sus propiedades y exigir el cumplimiento de los contratos firmados, lo que incluye la compensación por los retrasos mediante el cobro de intereses por mora. Los clientes, por otro lado, muchos de los cuales han invertido sumas considerables en la construcción de sus hogares en estos terrenos, se enfrentan a la imposibilidad de hacer frente a deudas que oscilan entre los 10.000.000 y los 150.000.000 de guaraníes. Esta situación genera una profunda incertidumbre y amenaza la estabilidad de sus familias.
Una percepción generalizada entre los compradores es que la verdadera intención de las inmobiliarias es recuperar estos terrenos para revenderlos a precios considerablemente más altos, aprovechando la valorización del mercado inmobiliario. Esta sospecha agrava la angustia de los ocupantes, quienes ven amenazada la estabilidad de sus hogares y el fruto de años de arduo trabajo. La posibilidad de perder sus propiedades, en las que han invertido sus ahorros y aspiraciones, genera un clima de tensión e inseguridad en la comunidad.
Ante la escalada del conflicto, la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero ha intervenido, asumiendo el rol de mediadora en la búsqueda de una solución equitativa para ambas partes involucradas. Si bien la capacidad de acción legal de la Junta es limitada, su objetivo principal es facilitar un diálogo constructivo que evite desalojos masivos y que, al mismo tiempo, encuentre un punto de equilibrio entre los derechos de propiedad de las inmobiliarias y la compleja situación socioeconómica que enfrentan los compradores morosos.
Analizando detenidamente la situación, se vislumbra una posible solución que podría satisfacer, al menos parcialmente, los intereses de ambas partes: la refinanciación de la deuda. Esta propuesta sugiere que la deuda acumulada por las cuotas atrasadas se sume al saldo restante del precio total del terreno. Este nuevo monto total resultante se dividiría luego entre el número de cuotas aún pendientes de pago, estableciendo así un nuevo valor de cuota que sea más asequible y manejable para los compradores.
Para ilustrar esta propuesta, consideremos un ejemplo hipotético. Supongamos que un terreno tenía un plan de pago de 48 cuotas mensuales de 1.000.000 de guaraníes cada una, lo que representa un precio total de 48.000.000 de guaraníes. Si el comprador ha pagado 12 cuotas (12.000.000 de guaraníes), quedando un saldo pendiente de 36 cuotas (36.000.000 de guaraníes), y además ha incurrido en un atraso de 12 cuotas (12.000.000 de guaraníes), el saldo total a refinanciar ascendería a 48.000.000 de guaraníes (36.000.000 del saldo original + 12.000.000 de las cuotas atrasadas). Dividiendo este monto total entre las 36 cuotas restantes, la nueva cuota mensual sería de aproximadamente 1.333.333 de guaraníes.
Es crucial destacar que esta propuesta de refinanciación debería incluir una cláusula estricta y vinculante: el atraso en el pago de 2 o 3 cuotas consecutivas implicaría la pérdida automática del inmueble por parte del comprador. Esta cláusula tiene como objetivo ofrecer a las inmobiliarias una garantía tangible sobre el cumplimiento de los nuevos acuerdos de pago, mitigando el riesgo de futuros incumplimientos y pérdidas financieras.
La comunidad de Pedro Juan Caballero aguarda con expectativa las gestiones de la Junta Municipal y observa atentamente si esta propuesta de refinanciación podría convertirse en el camino hacia una solución pacífica y justa en esta tensa disputa inmobiliaria. La implementación exitosa de esta propuesta requerirá de la buena voluntad y el compromiso de ambas partes, así como de una supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes.
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