Paraguay se hunde en justicia penal y Estado de derecho, según el informe global del WJP
El país ocupa el puesto 130 entre 142 naciones en el índice mundial de justicia penal y se ubica entre los últimos de América Latina. El informe del World Justice Project refleja un deterioro sostenido de la confianza en las instituciones, la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia.
El informe 2024 del World Justice Project (WJP) dejó a Paraguay en una posición alarmante: el país figura entre los peores del mundo en materia de justicia penal, ocupando el lugar 130 de 142. Este resultado no solo refleja un retroceso técnico en los indicadores, sino una crisis estructural en la aplicación de la ley y en el acceso a una justicia que debería proteger al ciudadano y no abandonarlo a su suerte.
El WJP evalúa ocho factores del Estado de derecho, entre ellos la independencia judicial, la ausencia de corrupción y el funcionamiento del sistema penal. En todos estos frentes, Paraguay muestra rezagos que lo ubican al nivel de los países con instituciones más frágiles del planeta. La caída es sostenida, y la distancia con los países que encabezan el ranking —como Dinamarca, Finlandia y Noruega— es abismal.
La justicia penal, el eslabón más débil del sistema
El área de justicia penal, o criminal justice, es la peor evaluada del país. Este factor mide la capacidad del Estado para investigar delitos, procesar a los responsables y garantizar juicios imparciales. Paraguay apenas alcanza un puntaje de 0,27 sobre 1, lo que lo coloca al final del ranking mundial y regional.
Esa cifra no es un simple número: es el reflejo de un sistema que no garantiza derechos ni impone responsabilidades. Significa procesos interminables, cárceles saturadas, fiscales sin medios, jueces condicionados y miles de causas que se acumulan sin resolución. En la práctica, representa la ausencia de justicia para las víctimas y la impunidad para los poderosos.
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Mientras tanto, los países vecinos muestran contrastes notables: Uruguay ocupa el puesto 35, Chile el 48 y Argentina el 85. Paraguay, en cambio, se acerca peligrosamente al grupo de naciones con sistemas judiciales considerados fallidos o capturados.
Corrupción, lentitud y desconfianza
El deterioro del sistema judicial paraguayo se asocia directamente con la corrupción, la falta de independencia y la ineficiencia estructural. El informe del WJP evidencia que el país se mantiene estancado en la percepción de impunidad, especialmente en causas que involucran a funcionarios públicos o delitos económicos.
El ciudadano común enfrenta un sistema inalcanzable: procesos que se extienden por años, falta de acceso a defensa adecuada y un aparato judicial que funciona con recursos mínimos. En este contexto, la ley pierde autoridad moral y práctica. El resultado es una sociedad donde la justicia se percibe como un privilegio y no como un derecho.
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Una brecha que se agranda
El descenso de Paraguay en los indicadores internacionales no es un fenómeno aislado. El informe global revela que más de la mitad de los países del mundo experimentaron retrocesos en materia de Estado de derecho durante el último año. Sin embargo, la magnitud de la caída paraguaya lo sitúa entre los casos más preocupantes del continente.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad judicial se amplía. Las reformas anunciadas no logran penetrar la estructura viciada de intereses, ni corregir las deficiencias de fondo. La sensación de que el sistema protege más al infractor que al inocente se consolida entre la ciudadanía, mientras la confianza institucional continúa desplomándose.
Un llamado urgente a la responsabilidad institucional
El informe del WJP no debería ser leído como un diagnóstico técnico, sino como una advertencia directa. La degradación de la justicia penal amenaza la estabilidad democrática, desalienta inversiones, erosiona la convivencia social y profundiza la desigualdad.
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Millonarios y libres Rostros de la corrupción e impunidad
La recuperación de la credibilidad judicial requiere voluntad política, autonomía real y una reforma profunda del sistema penal. Sin esos pilares, el país seguirá atrapado en un ciclo de desconfianza e impunidad que socava el propio concepto de Estado de derecho.
Paraguay ante el espejo del mundo
El puesto 130 no es solo una cifra estadística. Es una señal de alarma. Paraguay, que en otros tiempos aspiró a modernizar su sistema judicial, hoy figura en el mismo grupo que países en conflicto o con instituciones colapsadas.
El informe del World Justice Project actúa como un espejo que devuelve una imagen incómoda pero necesaria: la de un Estado que no logra garantizar justicia ni seguridad a sus ciudadanos. Si no se asume el desafío de cambiar, el país corre el riesgo de quedar atrapado en su propio laberinto de impunidad.