Postergan estudio de la ley de protección a periodistas
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, informó ayer que el proyecto de ley de protección a periodistas fue remitido a los asesores constitucionalistas del Congreso Nacional para su análisis técnico, antes de ser tratado en el pleno de la Cámara Alta. La decisión implica una postergación de una semana en el estudio de la propuesta, que figura entre los puntos destacados del orden del día.
“Las leyes actuales garantizan que cualquier ciudadano debe ser protegido. Los asesinatos contra periodistas no van a terminar con las leyes que aprobemos. Tenemos que sancionar una norma que sea constitucional, por eso estamos derivando el proyecto a los asesores constitucionalistas que trabajan con la presidencia”, explicó Núñez al justificar la postergación.
El legislador señaló además que las instituciones competentes, como la Fiscalía y el Ministerio del Interior, ya cuentan con atribuciones para intervenir en casos de amenazas o atentados. “No podemos crear comisiones y comisiones, cayendo en la burocracia de siempre”, afirmó.
Reacciones en el Senado
El proyecto fue presentado en el periodo legislativo anterior y busca establecer un mecanismo específico de protección a periodistas y trabajadores de prensa frente a amenazas y agresiones. Su estudio se reactivó tras registrarse ataques contra las viviendas de los periodistas Carlos Benítez, Fabián Costa, Aníbal Gómez y Aníbal Benítez, considerados actos de amedrentamiento.
Durante la sesión, el senador Dionisio Amarilla manifestó que la propuesta debe revisarse con mayor rigor jurídico antes de su aprobación. Argumentó que el texto inicial requiere ajustes para armonizarse con el artículo 28 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de brindar información veraz y ecuánime.
“Hay que cuidar todas las aristas. Nadie en su sano juicio se puede negar a aprobar una ley de protección, pero no se debe hacerlo a los apurones. El Estado está obligado a garantizar seguridad e integridad a todos los habitantes, no a crear categorías de ciudadanos de primera o de segunda”, expresó.
Amarilla recordó que existe una ley vigente desde 2018 que contempla mecanismos de protección para personas en situación de riesgo, incluidas aquellas que formulan denuncias públicas. No obstante, reconoció que el trabajo periodístico “es particularmente complejo” y que la legislación puede mejorarse para contemplar las nuevas formas de violencia y amenazas digitales.
Comisión de Derechos Humanos pide urgencia
El senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que la ley debe aprobarse con urgencia y advirtió sobre la necesidad de actuar ante los recientes episodios de violencia. “No se puede normalizar la violencia ni esperar que alguien pierda la vida para reaccionar. Este proyecto debe generar una protección real”, sostuvo.
Varela explicó que la comisión no pudo dictaminar el martes por falta de cuórum, motivo por el cual el debate se reprogramará. Aclaró que la tendencia en la Cámara es favorable a la aprobación, aunque sugiere incorporar ajustes al texto original.
“Se realizaron numerosas audiencias públicas, por lo que el debate puede continuar sin inconvenientes. Lo importante es que el proyecto se apruebe en la próxima sesión”, añadió.
Antecedentes y contexto regional
El debate legislativo ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores. En septiembre pasado, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, durante una reunión con el titular del Congreso, abogó por la pronta aprobación de la ley, destacando que los periodistas cumplen un papel esencial para la democracia y la protección de los derechos humanos.
El proyecto de protección a periodistas busca establecer un protocolo institucional de respuesta rápida ante amenazas, así como coordinar la actuación entre el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y los organismos de seguridad. La propuesta incluye la creación de un registro de agresiones y la adopción de medidas preventivas, entre ellas resguardo policial temporal en casos de alto riesgo.
La Tribuna
