Peña actualiza normativa sobre copia privada y garantiza pagos a artistas por uso digital de sus obras
El Poder Ejecutivo oficializó una nueva reglamentación que redefine el sistema de compensación por copias privadas en Paraguay, mediante la promulgación del Decreto n.º 4145/2025, que reemplaza a la normativa anterior vigente desde 2015.
La medida establece un marco legal renovado y más preciso para proteger los derechos de autores, intérpretes y productores frente a la reproducción de sus creaciones sin autorización directa, pero con fines personales.
La disposición se enmarca en la Ley n.º 1328/1998, específicamente en su Capítulo IV, y reconoce el derecho de los creadores a recibir una retribución económica por la copia de sus obras en soportes físicos o digitales, aunque estas no se destinen a un uso comercial directo.
La fuente de financiamiento de esta compensación serán los importadores y fabricantes de dispositivos capaces de grabar o reproducir contenidos, tales como teléfonos móviles, discos duros, pendrives, memorias externas y otros equipos electrónicos. Sobre estos productos se aplicará un porcentaje específico destinado a la remuneración de los titulares de derechos.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) tendrá a su cargo la administración del sistema: desde el control de los registros hasta la fiscalización de las declaraciones juradas y del cumplimiento en el pago correspondiente.
Los recursos recaudados serán distribuidos a través de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que canalizará los fondos hacia otras entidades de gestión como Autores Paraguayos Asociados (APA) y la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP), entre otros beneficiarios.
Las regalías se destinarán tanto a artistas nacionales como extranjeros, así como a sus herederos, y también financiarán iniciativas sociales y culturales. Además, el 10 % de lo recaudado se dirigirá exclusivamente a campañas de concienciación sobre propiedad intelectual y a programas de lucha contra la piratería, impulsados por la Dinapi.
Con esta normativa, el Gobierno apunta a ponerse al día con el sector artístico, respondiendo a las transformaciones tecnológicas y asegurando un trato justo a los creadores en la era digital.
