¡Vergüenza! Fiscal pidió traductor por no hablar Guaraní; piden su remoción
El reciente incidente en Pedro Juan Caballero, Paraguay, en el que la fiscal María Irene Álvarez requirió un traductor durante un juicio por homicidio debido a su falta de dominio del idioma guaraní, ha generado una importante controversia.
Esta situación ha puesto de relieve la implementación práctica de la Constitución del país y de la Ley de Lenguas, que reconocen tanto el español como el guaraní como idiomas oficiales. El hecho de que un funcionario judicial necesitara asistencia lingüística para comprender los procedimientos plantea interrogantes sobre la capacidad del personal del sistema de justicia para tomar decisiones informadas que afecten a las partes involucradas. Se han expresado críticas, especialmente en las redes sociales, sobre el conocimiento del guaraní por parte de los profesionales del derecho, dado su papel crucial en los resultados judiciales.
El criminólogo Juan A. Martens ha sido particularmente crítico, argumentando que la fiscal Álvarez debería ser removida de su cargo si no habla ambos idiomas oficiales. Él enfatiza que el período de transición establecido por la Ley de Idiomas, que permite a los funcionarios públicos tiempo para adquirir competencia en ambos idiomas, ya ha expirado. Las declaraciones de Martens destacan no solo una preocupación administrativa, sino también una institucional, sugiriendo un incumplimiento de las regulaciones existentes. El uso del guaraní es ampliamente extendido en Paraguay, tanto en la vida diaria como en entornos oficiales. En consecuencia, la necesidad de traductores en los procesos legales no es infrecuente. Sin embargo, el núcleo del debate radica en si los fiscales y otros profesionales del derecho deberían estar obligados a demostrar competencia funcional en español y guaraní como requisito previo para ocupar un cargo.
Este incidente subraya el problema más amplio del acceso a la justicia en la lengua materna de cada persona y la responsabilidad del Estado de garantizar procesos legales comprensibles para todos los ciudadanos. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente ni sobre posibles acciones administrativas.