¿Quién atacó en el Norte?: Gobierno apunta al EPP, militares discrepan
El ataque al puesto policial de Naranjito dejó al descubierto diferencias dentro del propio aparato de seguridad. Mientras el Gobierno atribuye la masacre a una nueva generación del EPP, mandos militares mantienen abiertas otras hipótesis y no descartan al crimen organizado ni al narcotráfico como responsables.
El Gobierno atribuye la ejecución de dos policías y un civil a una nueva generación del EPP y ordenó reforzar la presencia militar en Canindeyú. Sin embargo, el propio comandante del CODI sostuvo que el ataque no responde plenamente al modo de operar histórico del grupo armado y mantiene abiertas las hipótesis de una acción del narcotráfico, el crimen organizado o células campesinas armadas.
El día después del brutal ataque contra el Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito dejó al descubierto no solamente la capacidad de fuego y organización alcanzada por los autores, sino también las contradicciones que persisten dentro del propio aparato de seguridad del Estado sobre quién estuvo realmente detrás de la incursión.
Mientras el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, atribuyeron el atentado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), general Alberto Gaona, pidió cautela y sostuvo que todavía existen elementos que apuntan hacia organizaciones dedicadas al narcotráfico, grupos criminales asentados en la zona o incluso campesinos armados.
La discusión sobre la autoría se produce mientras los habitantes de la zona continúan bajo temor, las fuerzas policiales y militares incrementan su presencia y el Gobierno promete una respuesta de gran escala ante uno de los ataques más graves perpetrados contra una dependencia policial en los últimos años.
Una ejecución planificada contra una representación del Estado
El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 del martes 21 de julio, en el Puesto Policial N.º 4 de Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, ubicado a la vera de la ruta PY03.
Los primeros informes señalaron que entre 20 y 30 hombres vestidos con prendas camufladas, botas y portando armas largas llegaron caminando hasta el sitio. Los atacantes se comunicaban en guaraní, abrieron fuego sin mediar palabra y sorprendieron a los policías que se encontraban realizando controles frente a la dependencia.
Los suboficiales Atilio Martínez Barrios, de 40 años, y Herminio Ojeda González, de 32, fueron ejecutados prácticamente sin posibilidad de reacción. También murió Josemar Escobar Piris, de 38 años, funcionario civil que cumplía tareas administrativas como secretario del puesto policial.
El suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán sobrevivió al ataque. Según el relato del fiscal Óscar Paredes, recibió un disparo de refilón en la cabeza, otro impacto en la axila y posteriormente fue alcanzado en el costado. El agente simuló estar muerto hasta encontrar una oportunidad para escapar. Fue trasladado inicialmente hasta Curuguaty y posteriormente al Hospital de Policía Rigoberto Caballero, en Asunción.
Otro policía, identificado como Édgar Adalberto Núñez Vázquez, se encontraba descansando en una edificación ubicada en la parte posterior. Cuando salía para asumir su turno escuchó los disparos y logró huir por detrás de la dependencia, resultando ileso.
Luego de eliminar a las víctimas, los atacantes incendiaron el puesto policial, una patrullera y varios vehículos particulares. También sustrajeron armas pertenecientes a la Policía Nacional y dejaron en el sitio una bomba de fabricación casera que no llegó a explotar.
La secuencia revela una operación planificada: aproximación a pie, neutralización inmediata de los policías, apropiación de armamento, destrucción de las instalaciones y posterior retirada hacia una zona boscosa situada frente al puesto policial.
Balística lleva al Gobierno a señalar al EPP
El ministro del Interior, Enrique Riera, afirmó este jueves que el Gobierno atribuye el atentado al EPP debido principalmente a los resultados del estudio balístico.
Según explicó, al menos uno de los fusiles calibre 5,56 utilizados en Naranjito ya había sido empleado en el ataque registrado el 3 de mayo de 2025 contra la Subcomisaría 10.ª de la colonia Ybyrarovana’i. En aquel hecho fueron efectuados alrededor de 35 disparos contra la dependencia, aunque no se registraron víctimas fatales.
Riera agregó que los atacantes llegaron y se retiraron a pie, manteniendo lo que describió como una «perfecta formación militar». También mencionó la utilización de bombas molotov, la selección de una dependencia estatal como objetivo y la decisión de incendiar vehículos y cuerpos para sembrar miedo entre los habitantes de la zona.
Para el ministro, estos elementos evidencian una acción terrorista con un mensaje dirigido contra el Estado. Sin embargo, admitió que el grupo no dejó panfletos, comunicados ni reivindicaciones, una conducta que históricamente acompañó numerosos atentados, secuestros o exigencias de supuesto «impuesto revolucionario» atribuidos al EPP.
Riera sostuvo que los responsables pertenecerían a una «nueva camada» integrada por hijos, sobrinos, primos y otros familiares de antiguos miembros abatidos o encarcelados. Según su interpretación, esa generación emergente estaría intentando demostrar capacidad operativa mediante una acción de extrema violencia.
El comandante de la Policía Nacional, César Silguero, acompañó esa línea. Indicó que los análisis científicos permiten vincular el ataque con un arma ya utilizada en el atentado de 2025 y confirmó que hasta el momento fueron individualizadas al menos tres armas empleadas durante la incursión.
Silguero señaló que una nueva generación del EPP podría estar «iniciándose de manera muy belicosa» e incluso no descartó que la matanza haya funcionado como una especie de rito de incorporación de nuevos integrantes.
La Policía también maneja «algunos nombres» de personas que podrían haber formado parte del grupo armado. No obstante, las identidades no fueron divulgadas para no comprometer la investigación encabezada por el Ministerio Público.
CODI cuestiona una atribución apresurada
La posición del comandante del CODI, general Alberto Gaona, introdujo una diferencia significativa dentro de la versión oficial.
Gaona afirmó que respeta la posición del ministro del Interior, pero aclaró que los organismos militares todavía procesan información de inteligencia y no consideran cerrada la investigación sobre la autoría.
El jefe militar indicó que existen datos que podrían relacionar el ataque con personas vinculadas al crimen organizado, con organizaciones dedicadas al narcotráfico o con grupos campesinos armados que operan en esa región de Canindeyú.
También sostuvo que el despliegue de entre 20 y 30 hombres no coincide plenamente con el modo de operar conocido del EPP. Según Gaona, aunque la organización posee entrenamiento para ejecutar este tipo de acciones, históricamente operó con células más reducidas y acostumbró dejar mensajes o posteriormente reivindicar sus atentados.
«Si esto fuese una acción realizada por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, ellos sí o sí dejarán un mensaje y darán la confirmación de que fueron ellos los actores de este hecho criminal. Hasta el momento no existen esos instrumentos», expresó.
El CODI tampoco recibió alertas previas de inteligencia sobre la movilización de un grupo armado de semejante dimensión. Esa ausencia de información anticipada se convirtió en otro punto sensible para las instituciones encargadas de vigilar una región marcada desde hace años por el tráfico de drogas, los conflictos por tierras y la presencia de estructuras armadas.
La discrepancia no necesariamente excluye una eventual participación del EPP, pero demuestra que la evidencia balística todavía debe ser complementada con inteligencia territorial, testimonios, análisis de comunicaciones y la identificación concreta de los ejecutores.
EPP, narcotráfico o una alianza entre organizaciones
Otra posibilidad que comenzó a ganar espacio es que el ataque no haya sido ejecutado exclusivamente por una organización, sino mediante una combinación de integrantes del EPP con sicarios, narcotraficantes u otros delincuentes reclutados en Canindeyú.
La zona se encuentra bajo influencia de distintas estructuras criminales, entre ellas el denominado Clan Macho, liderado por el prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias «Macho». El propio ministro Riera admitió que no puede descartarse que células vinculadas al EPP y organizaciones narcotraficantes se protejan, financien o utilicen mutuamente.
Una de las hipótesis iniciales también relacionó el atentado con una posible represalia luego de la incautación de unas nueve toneladas de droga y la detención de presuntos integrantes de organizaciones criminales que operan en esa región.
El ataque pudo tener, por tanto, una motivación terrorista contra el Estado, un propósito de venganza del narcotráfico o una convergencia entre grupos con intereses distintos pero un enemigo común: las fuerzas de seguridad.
La magnitud del despliegue, la utilización de fusiles, la organización táctica y la facilidad con la que los atacantes se desplazaron por el terreno refuerzan la sospecha de que los ejecutores conocían perfectamente la zona y pudieron haber contado con apoyo logístico local.
El Gobierno enviará más militares a Canindeyú
Ante la gravedad del atentado, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, anunció que el presidente Santiago Peña decidió incrementar la presencia militar en Canindeyú.
González explicó que los primeros trabajos estarán enfocados en recolectar información y convertir los datos de inteligencia en elementos concretos que permitan ejecutar operaciones tácticas contra los responsables.
El ministro confirmó que nuevos contingentes serían enviados mediante el Comando de las Fuerzas Militares y el CODI para fortalecer el control territorial. También adelantó que se realizarán ajustes en los procedimientos de seguridad, aunque evitó revelar detalles operativos.
La medida no implicará un sitio formal de la zona, pero sí una mayor presencia de policías y militares, controles sobre las rutas, vigilancia de caminos vecinales, incursiones en áreas boscosas y protección reforzada de las subcomisarías apostadas a lo largo de la ruta PY03.
Riera planteó además la necesidad de realizar una operación integral semejante a «Veneratio», pero trasladada a Canindeyú. Según el ministro, el Estado debe ejecutar un trabajo masivo y conjunto en puntos como las reservas Morombí y Mbaracayú, la zona de Marina Cué y otros territorios utilizados como corredores por grupos armados.
La Policía estableció un puesto de mando unificado integrado por unidades especializadas y anunció que permanecerá convocado de manera permanente. Los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano también fueron enviados a la zona para trabajar junto con los investigadores locales.
El temor permanece entre pobladores y policías
Más allá de la discusión sobre las siglas detrás del ataque, el atentado confirmó que amplios sectores de Canindeyú continúan expuestos a grupos capaces de desafiar directamente al Estado.
Familiares de policías reclamaron que Naranjito y las comunidades cercanas sean incorporadas a un esquema permanente de mayor protección. Advirtieron que el ataque puede repetirse y alcanzar una dimensión todavía más grave si las instituciones se limitan a reaccionar después de cada incursión.
El puesto policial atacado representaba una de las pocas estructuras visibles del Estado en una región atravesada por el narcotráfico, el tráfico de armas, organizaciones de sicarios, conflictos por tierras y presencia intermitente de grupos armados.
La facilidad con la que una columna criminal pudo acercarse, ejecutar a los agentes, incendiar la sede y retirarse sin ser interceptada demuestra que el control territorial continúa siendo frágil.
La discusión entre autoridades sobre si los responsables son miembros del EPP, narcotraficantes, campesinos armados o una combinación de varias estructuras no reduce la gravedad del escenario. Por el contrario, expone una realidad todavía más peligrosa: en Canindeyú operan diversos grupos con armamento, entrenamiento, recursos y suficiente capacidad para atacar una dependencia policial.
Una respuesta bajo presión
El Gobierno promete que el crimen no quedará impune, pero la respuesta será evaluada por resultados concretos: identificación de los atacantes, detenciones, recuperación de las armas robadas, esclarecimiento de la cadena de apoyo y recuperación efectiva del control territorial.
También deberá explicar cómo un grupo numeroso pudo organizarse y desplazarse sin ser detectado por los organismos de inteligencia, pese a tratarse de una zona considerada crítica y bajo vigilancia de la Policía, las Fuerzas Militares y el CODI.
El ataque de Naranjito no fue únicamente una emboscada contra cuatro policías y un funcionario civil. Fue una demostración de fuerza contra una representación directa del Estado.
Dos policías y un trabajador murieron, otro agente sobrevivió fingiendo estar muerto y una comunidad volvió a quedar sometida al miedo. Mientras las autoridades discuten quién firmó la operación, los responsables continúan libres y el terror permanece latente en una zona donde la soberanía estatal vuelve a mostrarse debilitada.
