APROAM: Urge una Auditoría a la Gestión de Ulise Arias, alias “Al-Attuya”
La reciente resolución del Tribunal Electoral de Amambay, que dictamina la nulidad de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Departamento de Amambay (APROAM), lejos de ser un laurel para Ulise Ramón Arias Bazán, alias “Al-Attuya” su expresidente, se erige como un monumento a la artimaña y la evasión. Este fallo, aparentemente a su favor, desvela una estrategia judicial intrincada, donde se manipulan las deficiencias administrativas, que el mismo Arias propició, para perpetuarse en un cargo que, a todas luces, ha perdido su legitimidad y la confianza institucional que alguna vez pudo ostentar. La narrativa que emerge es la de un líder acorralado, cuyo último recurso es el sabotaje institucional para eludir la rendición de cuentas.
El cinismo jurídico desplegado por Ulises Arias alcanza cotas notables. El Tribunal Electoral fundamenta su decisión en la ausencia de un padrón oficializado y la falta de una Junta Electoral Independiente durante la asamblea. Sin embargo, la omisión contextual en este dictamen judicial es flagrante: la responsabilidad de establecer dicho tribunal ad-hoc, convocar formalmente la asamblea y certificar el padrón de socios recaía, de manera exclusiva, sobre Ulises Arias, en su calidad de presidente. Resulta, por tanto, una paradoja irónica y profundamente cínica que sea el propio Arias Bazán quien impugne un acto, alegando la inexistencia de herramientas institucionales que, por acción u omisión negligente, él mismo se encargó de no proveer a la asociación. Esta táctica de desmantelar la estructura interna para luego denunciar una «falta de garantías» es la última trinchera de quien se sabe bajo asedio por sus propios pares y socios.
La asamblea del 20 de julio de 2026, lejos de ser un acto caprichoso, representa una respuesta institucional legítima y necesaria ante una crisis de desconfianza que había germinado en el seno de la APROAM. Esta crisis fue alimentada por decisiones unilaterales de la presidencia y por serios interrogantes en torno a la transparencia administrativa y financiera de la institución. Arias Bazán, en un intento desesperado por contener la voluntad mayoritaria, pretendió suspender la asamblea mediante resoluciones carentes de cualquier sustento estatutario. Su posterior aparición el día del comicio, la constatación de la falta de quórum político a su favor, y su huida del recinto, acompañada de la declaración de que «no quería seguir trabajando» con los demás miembros, desdibujan cualquier argumento de «destitución forzosa» o «degradación». Quien abandona su puesto de trabajo de cara a sus asociados difícilmente puede victimizarse por las consecuencias de sus propios actos.
La nulidad de una asamblea, aunque sea un formalismo judicial, no tiene el poder de disipar las fundadas sospechas ni de detener los procesos de control inherentes a cualquier institución democrática y transparente. Los Miembros de la Comisión Directiva y socios de la Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Departamento de Amambay (APROAM), deberían exigir a Ulise Arias, finalmente, dé la cara y presente los documentos que respalden el informe financiero, un informe que, hasta la fecha, ha brillado por su ausencia. La masa societaria demanda claridad sobre el destino de los recursos y los criterios bajo los cuales se administraron los bienes de la entidad profesional.
El blindaje judicial temporal que Arias ostenta actualmente no lo exime, bajo ningún concepto, de su responsabilidad como administrador de fondos privados “Plata que dio la ciudadanía por una causa común” a una organización intermedia.
Ante este panorama, el siguiente paso se antoja ineludible: se debería exigir una auditoría externa y exhaustiva. Lejos de amedrentarse por el revés del Tribunal de Amambay, la Comisión Directiva mayoritaria debería avanzar con determinación la contratación de una auditoría contable externa e integral que abarque toda la gestión de Ulise Arias. La finalidad es clara: profesionales especializados revisarán los libros, balances, documentos y demás antecedentes, con el objetivo de determinar con precisión la situación administrativa y financiera de la institución. La documentación pertinente será evaluada rigurosamente conforme a las normas vigentes, y en caso de que se detecten irregularidades que demanden acciones, que se procederá por las vías institucionales y legales que correspondan.
En última instancia, la verdad institucional no puede ser acallada por formalismos electorales ni por artimañas legales. El patrimonio de la APROAM, que pertenece a todos sus socios, debe ser defendido a través de la rendición de cuentas claras y transparentes ante la sociedad de Pedro Juan Caballero. Una auditoría no es solo un proceso contable, es un acto de justicia y una afirmación de los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir toda institución.
