Cooperativa Mborayhu: Cuando los Socios Pagan, las Casas se quedan Vacías y los Aministradores Permanecen
Cooperativa Mborayhy: Los Socios Pagan, Las Casas Quedan Vacías y Los Administradores Permanecen
¿COOPERATIVISMO PARA LOS SOCIOS O UNA ESTRUCTURA QUE TERMINÓ ALEJÁNDOSE DE ELLOS?
COOPERATIVA III
Por Osvaldo César Paniagua Balbuena
Hay momentos en que una institución deja de necesitar explicaciones y empieza a necesitar respuestas.
La situación que rodea a la Cooperativa Mborayhu Ltda. de Pedro Juan Caballero merece precisamente eso: respuestas claras, documentación y rendición de cuentas ante quienes verdaderamente son los propietarios de la institución: sus socios.
Este medio ya publicó análisis sobre las denominadas viviendas populares, sobre la dificultad de acceso de numerosos asociados a esas unidades habitacionales y sobre el cuestionado manejo de determinados conflictos administrativos y judiciales.
Pero cuando se observan todos estos hechos en conjunto, surge una pregunta que ya no puede ser ignorada:
¿Está la Cooperativa Mborayhu cumpliendo realmente con la finalidad social y solidaria para la cual fue creada?
LAS “CASAS POPULARES” QUE NO PARECEN SER PARA LOS SOCIOS POPULARES
Uno de los puntos más preocupantes es el proyecto habitacional presentado como una alternativa para los asociados.
Según el análisis publicado anteriormente por Pedro Juan Digital, las viviendas tendrían precios de contados situados aproximadamente entre G. 320 millones y G. 350 millones, con entregas iniciales de G. 20 millones o G. 30 millones.
Pero existe un dato todavía más revelador: para acceder al financiamiento se habría exigido un ingreso mínimo verificable cercano a G. 10 millones mensuales, mientras las cuotas superarían los G. 3,3 millones mensuales.
Entonces aparece la contradicción.
Si buena parte de los asociados pertenece a sectores de ingresos medios y bajos, ¿para quién fueron diseñadas realmente esas viviendas?
Porque llamar “popular” a una vivienda que requiere ingresos que una gran cantidad de trabajadores, jubilados, docentes, pequeños comerciantes y asalariados no posee plantea una contradicción que la administración debería explicar.
Una vivienda social debe ser accesible.
Una vivienda cooperativa debe responder a las posibilidades económicas de los asociados.
Y una vivienda denominada “popular” no debería convertirse en un producto accesible únicamente para quienes poseen una capacidad financiera considerablemente superior a la de la mayoría de los socios.
CASAS VACÍAS: EL SÍMBOLO DE UNA POLÍTICA QUE DEBE SER REVISADA
El problema se vuelve todavía más serio cuando se informa que existen viviendas que permanecen desocupadas.
Una casa construida con recursos de una cooperativa y que no logra ser adjudicada o vendida no es simplemente una construcción vacía.
Es capital inmovilizado.
Es mantenimiento.
Es deterioro.
Es pérdida de oportunidad.
Y, sobre todo, es una señal de que algo falló en el diseño o en la ejecución del proyecto.
La pregunta entonces resulta inevitable:
¿Se estudió previamente la capacidad real de pago de los asociados antes de construir las viviendas?
Si se hizo el estudio, ¿qué resultados arrojó?
Si se determinó que los socios no tenían capacidad suficiente para adquirirlas, ¿por qué se avanzó igualmente?
Y si originalmente se pensó que serían accesibles, ¿qué ocurrió para que terminaran siendo inaccesibles para una parte importante de la masa societaria?
Estas no son preguntas malintencionadas.
Son preguntas que cualquier propietario tiene derecho a formular cuando su dinero está involucrado.
G. 300 MILLONES: UNA CUENTA QUE TAMBIÉN DEBEN PAGAR LOS SOCIOS
Existe además otro episodio que no puede ser separado del análisis general.
Pedro Juan Digital informó que la Cooperativa Mborayhu terminó acordando un pago de G. 300 millones a la abogada Irene Elizabeth Reyes, luego de un conflicto que había incluido una denuncia por aproximadamente G. 190 millones y un posterior sobreseimiento definitivo de la profesional.
No corresponde afirmar que existió una maniobra ilícita si ello no ha sido establecido judicialmente.
Pero tampoco corresponde mirar el asunto como si no hubiera ocurrido nada.
Porque los G. 300 millones no salen del bolsillo particular de los dirigentes.
Salen del patrimonio de la Cooperativa.
Y el patrimonio de la Cooperativa pertenece a sus socios.
Por eso, la pregunta fundamental no es solamente:
¿Por qué se pagaron G. 300 millones?
Hay que preguntar mucho más:
¿Quién tomó las decisiones que llevaron a este desenlace?
¿Quién autorizó las actuaciones?
¿Qué asesoramiento jurídico recibió la institución?
¿Cuánto se gastó en el proceso?
¿Existieron alternativas para evitar que el conflicto terminara costando semejante suma?
¿Se realizó una evaluación interna de las responsabilidades administrativas que pudieron haber contribuido al resultado?
Y una pregunta todavía más importante:
¿QUIÉN RESPONDE CUANDO EL ERROR DE UN ADMINISTRADOR TERMINA PAGÁNDOLO EL SOCIO?
Éste es el punto que no debe perderse de vista.
Cuando un administrador maneja dinero ajeno, tiene la obligación de actuar con diligencia, prudencia y transparencia.
Y cuando administra dinero de miles de asociados, esa obligación es todavía mayor.
CASI 20 AÑOS EN LA GERENCIA: ¿HASTA CUÁNDO?
Existe además otra cuestión que merece ser puesta sobre la mesa.
El actual gerente general lleva, según la información manejada para este análisis, casi 20 años en el cargo.
Veinte años.
No veinte meses.
No dos períodos.
Casi dos décadas.
Y aquí corresponde hacer una aclaración importante:
La permanencia prolongada en un cargo no demuestra por sí misma una irregularidad. Si la normativa interna permite la continuidad y las autoridades competentes la mantienen, la antigüedad no constituye automáticamente una falta.
Pero tampoco puede convertirse en un argumento para impedir las preguntas.
Al contrario.
Cuanto más tiempo permanece una persona administrando recursos ajenos, mayor debe ser la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Después de casi veinte años, los socios tienen derecho a conocer con precisión:
- cuáles fueron los resultados de esa gestión;
- qué beneficios concretos recibieron los asociados;
- qué proyectos tuvieron éxito y cuáles fracasaron;
- qué inversiones se realizaron;
- qué proyectos habitacionales tuvieron dificultades;
- cuánto dinero se destinó a ellos;
- cuáles son los resultados financieros;
- qué conflictos judiciales enfrentó la institución;
- cuánto costaron;
- quién tomó las decisiones;
- y qué mecanismos de control fueron aplicados.
Porque el gerente general no es el dueño de la Cooperativa.
El Consejo de Administración tampoco.
Los funcionarios tampoco.
Los asesores jurídicos tampoco.
Los dueños son los socios.
EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE QUIÉN OCUPA EL CARGO
Aquí aparece una cuestión todavía más profunda.
Una institución cooperativa puede cambiar de presidente, de consejeros o de funcionarios.
Pero si durante décadas se mantiene una misma estructura administrativa, el verdadero problema deja de ser una persona.
Pasa a ser el modelo de gobernanza.
¿Existe renovación?
¿Existe control efectivo?
¿Existe auditoría independiente?
¿Los socios conocen realmente cómo se toman las decisiones?
¿Las asambleas permiten una fiscalización verdadera?
¿La información económica llega completa y oportunamente a los asociados?
¿Se explican los proyectos que fracasan?
¿Se identifican las responsabilidades cuando existen pérdidas?
Estas preguntas no destruyen al cooperativismo.
Lo fortalecen.
Una cooperativa que no soporta preguntas de sus propios socios tiene un problema mucho más grave que una crítica periodística.
Tiene un problema de confianza.
EL SOCIO NO ES UN CLIENTE: ES PROPIETARIO
Éste debería ser el principio que nadie puede olvidar.
El socio aporta.
El socio ahorra.
El socio solicita créditos.
El socio paga intereses.
El socio paga cuotas.
El socio sostiene económicamente a la institución.
Y cuando existen pérdidas o compromisos económicos, también termina soportando las consecuencias.
Por eso resulta inadmisible que el socio sea tratado únicamente como un cliente cuando debe pagar y como un extraño cuando pretende preguntar.
El socio tiene derecho a saber.
Tiene derecho a fiscalizar.
Tiene derecho a exigir documentos.
Tiene derecho a cuestionar.
Tiene derecho a participar.
Tiene derecho a pedir explicaciones.
Y tiene derecho a conocer quién tomó cada decisión que comprometió el patrimonio común.
UNA COOPERATIVA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA FINANCIERA CON SOCIOS SIN PODER
El cooperativismo nació precisamente para enfrentar situaciones en las que los individuos aislados tenían poca capacidad económica.
La fuerza estaba en la unión.
Muchos pequeños aportes podían construir una institución fuerte.
Pero si esa institución crece económicamente mientras disminuye la capacidad real de sus asociados para participar y controlar, aparece una contradicción peligrosa.
La cooperativa puede ser financieramente grande y democráticamente pequeña.
Puede tener edificios, sucursales, funcionarios, inversiones y patrimonio.
Pero si el socio común no puede acceder a una vivienda que supuestamente fue construida para él, si no comprende por qué se comprometen cientos de millones en conflictos judiciales o si siente que las autoridades permanecen indefinidamente en sus puestos sin una explicación suficiente, entonces existe una crisis que no puede solucionarse con publicidad institucional.
LA PREGUNTA QUE YA NO PUEDE EVITARSE
Después de analizar las viviendas, los conflictos judiciales y la prolongada permanencia de determinadas autoridades administrativas, la pregunta resulta inevitable:
¿QUIÉN ESTÁ REALMENTE EN EL CENTRO DE LA COOPERATIVA MBORAYHU: ¿EL SOCIO O LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA?
No estamos diciendo que toda la gestión sea irregular.
No estamos diciendo que todos los funcionarios hayan actuado incorrectamente.
No estamos diciendo que cada decisión haya sido equivocada.
Estamos diciendo algo mucho más sencillo:
Los socios tienen derecho a saber.
Y cuando existe una inversión importante en viviendas que aparentemente no alcanzan al segmento popular, cuando existen inmuebles que permanecen desocupados y cuando la institución debe afrontar un compromiso de G. 300 millones en un conflicto judicial, la explicación ya no puede ser considerada opcional.
Debe ser parte de una verdadera política de transparencia.
LO QUE MBORAYHU DEBERÍA HACER
Si la administración considera que las críticas son injustas, tiene una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.
No mediante ataques.
No mediante descalificaciones.
No mediante discursos.
Mediante documentos.
Sería saludable que la Cooperativa hiciera públicos, dentro de los límites legales correspondientes:
- El costo total del proyecto habitacional.
- Cantidad de viviendas construídas.
- Cantidad adjudicada.
- Cantidad actualmente desocupada.
- Costo individual de cada vivienda.
- Condiciones de financiamiento.
- Cantidad de socios que solicitaron las viviendas.
- Cantidad que cumplió los requisitos.
- Cantidad que finalmente accedió.
- Estado financiero del proyecto.
- Gastos jurídicos relacionados con el conflicto de la abogada.
- Fundamentos del acuerdo por G. 300 millones.
- Actas de los órganos que aprobaron dicho acuerdo.
- Informes de auditoria correspondientes.
- Remuneraciones y beneficios de los principales administradores, conforme a la información que legalmente corresponda revelar.
- Resultados de la gestión durante los últimos años.
Eso sería transparencia.
Y la transparencia tiene una característica extraordinaria:
cuando todo está bien, no perjudica a nadie.
Al contrario.
Protege a la institución y protege incluso a quienes la administran.
EL SILENCIO NO ES UNA RESPUESTA
La Cooperativa Mborayhu tiene historia.
Tiene patrimonio.
Tiene miles de socios.
Tiene presencia en Pedro Juan Caballero.
Precisamente por eso debe ser cuidada.
Pero cuidar una institución no significa callar ante los problemas.
Cuidarla significa exigir que funcione correctamente.
Si las viviendas son realmente accesibles, que se demuestre.
Si los precios son correctos, que se expliquen.
Si el proyecto habitacional fue correctamente planificado, que se publiquen sus resultados.
Si el acuerdo de G. 300 millones fue inevitable, que se explique por qué.
Si nadie tuvo responsabilidad en el desenlace, que se documente.
Y si hubo errores administrativos, corresponde identificarlos y corregirlos.
LOS SOCIOS SON LOS PATRONES
Hay una frase que debería estar escrita en cada oficina de una cooperativa:
“LOS SOCIOS SON LOS PATRONES.”
No porque sean superiores a los funcionarios.
Sino porque son los propietarios de la institución.
El gerente administra.
El Consejo dirige.
Los funcionarios ejecutan.
Los asesores aconsejan.
Pero los socios sostienen económicamente la Cooperativa.
Por eso resulta difícil comprender cómo una persona puede permanecer casi veinte años en la gerencia general y que, al mismo tiempo, los socios sigan enfrentando preguntas sobre proyectos habitacionales que no parecen responder plenamente a sus posibilidades económicas.
La permanencia de veinte años debería producir experiencia.
Y esa experiencia debería traducirse en mejores servicios, mejores proyectos, mayor transparencia y mayor beneficio para los asociados.
No en una estructura cerrada sobre sí misma.
NO SE TRATA DE DESTRUIR A MBORAYHU
Que quede absolutamente claro.
Criticar a una cooperativa no significa querer destruirla.
Precisamente lo contrario.
Quienes aportan estas observaciones pretenden que vuelva a ocupar el lugar que merece en la sociedad.
Una cooperativa fuerte necesita socios informados.
Una cooperativa sana necesita dirigentes controlados.
Una cooperativa democrática necesita alternancia.
Una cooperativa responsable necesita auditorías.
Y una cooperativa verdaderamente solidaria necesita que sus proyectos estén diseñados pensando primero en las posibilidades reales de sus asociados.
Porque si las casas populares son inaccesibles para los sectores populares, algo debe cambiar.
Si una casa permanece vacía mientras una familia necesita vivienda, algo debe revisarse.
Si un conflicto judicial termina comprometiendo G. 300 millones del patrimonio colectivo, alguien debe explicar por qué.
Y si un gerente permanece casi veinte años en el cargo, debe estar dispuesto a responder, con documentos, todas las preguntas que los propietarios de la institución tengan derecho a formular.
EL ÚLTIMO MENSAJE
Mborayhu no pertenece a una persona.
No pertenece al gerente.
No pertenece al presidente.
No pertenece al Consejo de Administración.
No pertenece a los abogados.
No pertenece a los funcionarios.
Mborayhu pertenece a sus socios.
Y quienes administran ese patrimonio tienen una obligación elemental:
rendir cuentas.
No hay ataque en pedir transparencia.
No hay persecución en pedir documentos.
No hay mala intención en preguntar por G. 300 millones.
No hay falta de respeto en cuestionar una vivienda “popular” que muchos socios no pueden pagar.
Y no hay ninguna razón para considerar incómoda la pregunta sobre una gerencia que lleva casi dos décadas al frente de la administración.
La verdadera pregunta es otra:
¿POR QUÉ LOS SOCIOS TENDRÍAN QUE SENTIRSE INCÓMODOS POR PREGUNTAR SOBRE SU PROPIA INSTITUCIÓN?
La respuesta corresponde a quienes administran.
Y esta vez, más que palabras, los socios necesitan documentos, números, resultados y responsabilidades.
Porque una cooperativa verdaderamente democrática no les teme a sus socios.
Les rinde cuentas.
Y una institución que utiliza recursos de miles de personas debe recordar permanentemente una verdad que nadie puede modificar:
EL DINERO ES DE LOS SOCIOS.
EL PATRIMONIO ES DE LOS SOCIOS.
LA COOPERATIVA ES DE LOS SOCIOS.
Y EL DERECHO A PREGUNTAR TAMBIÉN ES DE LOS SOCIOS.
