Cooperativa Mborayhu: El Precio de 20 años Sin Respuetas
Cuando las casas se quedan vacías, la cuenta la paga el socio.
Por Osvaldo César Paniagua Balbuena
Hay momentos en que una institución deja de necesitar explicaciones y empieza a necesitar respuestas. La situación que rodea a la Cooperativa Mborayhu Ltda. de Pedro Juan Caballero merece precisamente eso: respuestas claras, documentación y rendición de cuentas ante quienes verdaderamente son los propietarios de la institución: sus socios.
LAS «CASAS POPULARES» QUE NO SON PARA LOS SOCIOS POPULARES
Según el análisis publicado anteriormente por Pedro Juan Digital, las viviendas denominadas populares tendrían precios de contados situados aproximadamente entre G. 320 millones y G. 350 millones, con entregas iniciales de G. 20 millones o G. 30 millones. Pero existe un dato todavía más revelador: para acceder al financiamiento se habría exigido un ingreso mínimo verificable cercano a G. 10 millones mensuales, mientras las cuotas superarían los G. 3,3 millones mensuales. Entonces aparece la contradicción. Si buena parte de los asociados pertenece a sectores de ingresos medios y bajos, trabajadores, jubilados, docentes, pequeños comerciantes y asalariados, ¿para quién fueron diseñadas realmente esas viviendas?
Llamar «popular» a una vivienda que requiere ingresos que una gran cantidad de asociados no posee plantea una contradicción que la administración debería explicar.
CASAS VACÍAS: EL SÍMBOLO DE UNA POLÍTICA QUE DEBE SER REVISADA
El problema se vuelve todavía más serio cuando se informa que existen viviendas que permanecen desocupadas. Una casa construida con recursos de una cooperativa y que no logra ser adjudicada o vendida no es simplemente una construcción vacía. Es capital inmovilizado.
Es mantenimiento.
Es deterioro.
Es pérdida de oportunidad. Y, sobre todo, es una señal de que algo falló en el diseño o en la ejecución del proyecto. La pregunta entonces resulta inevitable: ¿Se estudió previamente la capacidad real de pago de los asociados antes de construir las viviendas? Si se hizo el estudio, ¿qué resultados arrojó? Si se determinó que los socios no tenían capacidad suficiente para adquirirlas, ¿por qué se avanzó igualmente? Y si originalmente se pensó que serían accesibles, ¿qué ocurrió para que terminaran siendo inaccesibles para una parte importante de la masa societaria?
Estas no son preguntas malintencionadas. Son preguntas que cualquier propietario tiene derecho a formular cuando su dinero está involucrado.
G. 300 MILLONES: UNA CUENTA QUE TAMBIÉN DEBEN PAGAR LOS SOCIOS
Existe además otro episodio que no puede ser separado del análisis general.
Pedro Juan Digital informó que la Cooperativa Mborayhu terminó acordando un pago de G. 300 millones a la abogada Irene Elizabeth Reyes, luego de un conflicto que había incluido una denuncia por aproximadamente G. 190 millones y un posterior sobreseimiento definitivo de la profesional. No corresponde afirmar que existió una maniobra ilícita si ello no ha sido establecido judicialmente. Pero tampoco corresponde mirar el asunto como si no hubiera ocurrido nada. Porque los G. 300 millones no salen del bolsillo particular de los dirigentes. Salen del patrimonio de la Cooperativa.
¿Existieron alternativas para evitar que el conflicto terminara costando semejante suma? ¿Se realizó una evaluación interna de las responsabilidades administrativas que pudieron haber contribuido al resultado? Y una pregunta todavía más importante: ¿QUIÉN RESPONDE CUANDO EL ERROR DE UN ADMINISTRADOR TERMINA PAGÁNDOLO EL SOCIO? Este es el punto que no debe perderse de vista. Cuando un administrador maneja dinero ajeno, tiene la obligación de actuar con diligencia, prudencia y transparencia. Y cuando administra dinero de miles de asociados, esa obligación es todavía mayor.
CASI 20 AÑOS EN LA GERENCIA: ¿HASTA CUÁNDO?
Existe además otra cuestión que merece ser puesta sobre la mesa.
El actual gerente general, Miguel Ángel Rodríguez, lleva, según la información manejada para este análisis, casi 20 años en el cargo. Veinte años.
No veinte meses.
No dos periodos.
Casi dos décadas. En ese contexto, el clima que hoy se lee en redes sociales es el resultado lógico: socios que hablan de retirar sus ahorros, que sienten que el aporte de G. 27.500 ya es mucho y que piden la devolución de su capital.
G. 17 millones mensuales y preguntas que siguen sin respuesta
Uno de los puntos que genera mayor inquietud entre los asociados es la remuneración atribuida al actual gerente general, que ascendería a G. 17.000.000 mensuales. A ello se suma otro cuestionamiento que, según manifiestan asociados, requiere una explicación institucional: su presunta escasa presencia en las oficinas de la Cooperativa.
Si la remuneración señalada consta en documentos oficiales de la entidad, corresponde preguntar también cuáles son las funciones asignadas al cargo, cuál es el régimen de trabajo establecido y cómo se verifica el cumplimiento de esas responsabilidades.
La cuestión no es solamente cuánto se paga. La cuestión es qué recibe la institución a cambio de ese costo y quién controla que las obligaciones del cargo sean efectivamente cumplidas.
Si existen razones justificadas para una presencia limitada, los asociados tienen derecho a conocerlas. Y si no existen, corresponde explicar por qué una institución cuyos recursos pertenecen a sus asociados mantiene esa situación.
El silencio, frente a reclamos reiterados, solamente profundiza las preguntas.
Cuando un socio pide retirar su capital, la cooperativa se debilita. Y cuando muchos lo piensan a la vez, el riesgo es institucional.
La Cooperativa Mborayhu no necesita más comunicados. Necesita mostrar con números que su proyecto habitacional es accesible, explicar cómo se llegó a pagar G. 300 millones con dinero de todos y demostrar que 20 años de gestión justifican la confianza que hoy está en crisis.
Hasta ahora, esas respuestas no llegaron.
