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Médicos en huelga: Cuando la ambición gremial pisotea el derecho a la vida

07.09.202607.09.2026 Columnistas

Mientras la dirigencia sindical exige aumentos injustificados, miles de pacientes vulnerables quedan desamparados por renuncias masivas y paros que desafían toda ética legal y humanitaria.

Por OSVALDO CESAR PANIAGUA BALBUENA

La salud de los más vulnerables, rehén de la ambición gremial

El conflicto desatado por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) ha dejado al descubierto una realidad alarmante: el derecho a la vida de los paraguayos más desprotegidos hoy se utiliza como moneda de cambio. Mientras miles de familias de escasos recursos dependen exclusivamente de los hospitales públicos para sobrevivir, una facción de la clase médica parece haber olvidado su juramento hipocrático, anteponiendo la codicia económica y la exigencia de ganar más trabajando menos al sagrado deber de salvar vidas.

Como ya hemos sostenido en artículos anteriores, este pedido de aumento carece de toda justificación técnica y moral. El Ministerio de Salud planteó una propuesta de escalafón salarial y desprecarización laboral, junto con una inversión millonaria para insumos que beneficiaría directamente al paciente. Sin embargo, la dirigencia sindical rechazó la oferta de manera rotunda. Esto demuestra que no les interesa mejorar las condiciones de los hospitales ni la calidad de la atención; su único norte es el beneficio propio a costa del presupuesto público. Las renuncias masivas de especialistas en áreas críticas no son un acto de protesta legítimo; son un abandono flagrante de la ética y la humanidad, un chantaje que deja al paciente en un riesgo aún mayor.

La falta de autoridad moral de esta movilización se encarna perfectamente en su líder, la doctora Rossana González. Es una contradicción inaceptable que quien encabeza la huelga por supuestas «mejoras laborales» sea una figura marcada por la corrupción, percibiendo un salario de 25 millones de guaraníes mensuales del Estado por una bajísima o nula productividad asistencial. Mientras los reportes oficiales exponen este presunto esquema de «planillerismo» en el Hospital San Pablo, la indignación ciudadana crece en las salas de espera. Ver a madres con hijos en brazos aguardando por horas, o a ancianos cuyas cirugías programadas fueron suspendidas sin piedad, evidencia la crueldad de la medida. Para el paraguayo humilde que madruga buscando un turno y que apenas sobrevive con el salario mínimo legal, que la huelga esté liderada por alguien que cobra el equivalente a casi diez sueldos mínimos sin trabajar es una burla sangrienta.

Ante esta situación, el Estado no puede seguir siendo un espectador tibio. El abandono de los puestos de trabajo en áreas sensibles y las renuncias masivas que interrumpen tratamientos vitales no deben quedar impunes. Es urgente que el Ministerio de Salud y la Fiscalía General del Estado actúen de oficio aplicando sanciones legales punitivas, sumarios administrativos y la inhabilitación de la matrícula médica

para aquellos profesionales que violaron la ley y dejaron desamparados a los enfermos.

La base legal para el castigo es contundente y se sostiene en el ordenamiento jurídico nacional:

  • El Artículo 4 de la Constitución Nacional: Establece el derecho a la vida como inherente a la persona humana y de carácter prioritario. Ningún interés sectorial puede estar por encima de este precepto básico.
  • El Artículo 376 del Código Laboral paraguayo: Prohíbe de forma explícita la suspensión de servicios esenciales durante medidas de fuerza, catalogando expresamente a los servicios de salud y hospitalarios dentro de esta categoría restrictiva.

La huelga y la desatención médica en el sector público son, por definición, un ataque directo contra los sectores más vulnerables del Paraguay, aquellos que no pueden pagar un sanatorio privado. La legalidad del reclamo laboral jamás estará por encima de la justicia social ni de la vida humana. Es momento de que el Gobierno mantenga una postura firme, aplique castigos ejemplares a los desertores y que la sociedad civil condene a una clase médica que, ciega por la ambición, ha decidido jugar de manera inhumana con la salud del pueblo.

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