Cooperativa Mborayhu LTDA: Cuando los dueños pagan, pero no deciden
Hay una pregunta que los socios de la Cooperativa Mborayhu de Pedro Juan Caballero tienen todo el derecho de formular: ¿para quién existe realmente la cooperativa: para servir a sus asociados o para sostener indefinidamente a quienes administran sus recursos?
Por Osvaldo César Paniagua Balbuena
La pregunta no nace de una simple discrepancia. Surge de un problema que merece ser examinado con seriedad: la permanencia prolongada de determinados directivos, las denuncias sobre manejos administrativos y la falta de respuestas convincentes que, según manifiestan algunos socios, les permitan ejercer plenamente sus derechos como propietarios de la institución.
Una cooperativa no es una empresa particular de sus dirigentes. Es una organización de propiedad conjunta, creada para satisfacer necesidades comunes y administrada democráticamente por sus socios. Sus autoridades no son dueñas de la institución: son representantes temporales de quienes aportan, ahorran, solicitan créditos y sostienen económicamente la entidad.
Cuando esa diferencia se pierde, el cooperativismo corre el riesgo de convertirse en otra cosa.
DE LA SOLIDARIDAD AL NEGOCIO FINANCIERO
La Cooperativa Mborayhu se presenta como una institución que brinda servicios financieros y sociales para el bienestar de sus socios. Esa es la finalidad que debe orientar su existencia.
Pero una cooperativa que concentra su actividad en cobrar intereses, recuperar créditos y exigir el cumplimiento de obligaciones, mientras sus asociados sienten que no tienen suficiente capacidad para cuestionar las decisiones de sus autoridades, termina alejándose del espíritu que justifica su creación.
No se trata de negar que una cooperativa deba ser financieramente sólida. Se trata de recordar que la solidez económica no puede convertirse en una excusa para debilitar la democracia interna.
Una financiera tiene como finalidad principal realizar operaciones financieras. Una cooperativa, en cambio, debe utilizar esas operaciones para atender las necesidades de sus asociados. La diferencia no es solamente comercial: es institucional, social y ética.
El socio no debería ser visto únicamente como un deudor, un ahorrista o una fuente de ingresos. Es uno de los propietarios de la entidad.
EL CASO DE LOS G. 300 MILLONES: ¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD?
Un artículo publicado por Pedro Juan Digital el 9 de julio de 2026 informó que la Cooperativa Mborayhu habría acordado pagar G. 300 millones a la abogada Irene Elizabeth Reyes, después de un proceso judicial iniciado por una denuncia de aproximadamente G. 190 millones. La publicación señala que la profesional obtuvo el sobreseimiento definitivo y que posteriormente se suscribió un acuerdo de pago.
El mismo artículo plantea la hipótesis de que la denuncia pudo haber sido utilizada como mecanismo de presión para evitar el pago de honorarios profesionales y derechos laborales. Esa hipótesis debe ser investigada y demostrada por las autoridades competentes; no corresponde presentarla como una verdad judicialmente establecida.
Pero existe una cuestión que no necesita esperar una sentencia para ser formulada:
¿Por qué una institución cuyos recursos pertenecen a sus socios termina comprometiendo G. 300 millones en un conflicto que, según lo publicado, comenzó con una reclamación de aproximadamente G. 190 millones?
Si el acuerdo fue necesario para resolver una obligación legítima, corresponde explicar sus fundamentos. Si hubo errores de gestión, corresponde identificarlos. Si existieron decisiones perjudiciales para la entidad, corresponde determinar quién las tomó y qué responsabilidad le corresponde.
Lo que no puede aceptarse como normal es que los beneficios de las decisiones queden concentrados en quienes administran y las consecuencias económicas recaigan siempre sobre quienes aportan.
CASI 20 AÑOS EN LOS CARGOS: ¿REPRESENTACIÓN O PERPETUACIÓN?
La permanencia prolongada de dirigentes no constituye, por sí sola, una prueba de irregularidad. Una persona puede ser reelegida legítimamente si los estatutos lo permiten y los socios la eligen.
Pero una cooperativa no puede confundirse con una propiedad privada de sus autoridades.
Cuando los mismos nombres permanecen durante largos períodos, la pregunta democrática es inevitable: ¿existe una verdadera renovación? ¿Los socios tienen acceso a la información necesaria para evaluar la gestión? ¿Pueden cuestionar las decisiones sin temor? ¿Las asambleas funcionan como espacios de participación real o solamente como instancias para formalizar decisiones ya tomadas?
La antigüedad no debe convertirse en un privilegio. Ningún dirigente debería considerar que veinte años de permanencia le otorgan derecho a permanecer otros veinte.
La autoridad cooperativa debe ser un servicio, no una carrera personal.
LOS SOCIOS NO SON CLIENTES DE SUS PROPIOS REPRESENTANTES
Aquí está el punto central.
El socio que deposita sus ahorros, paga sus cuotas, cumple sus obligaciones y utiliza los servicios de la cooperativa no está financiando una empresa ajena. Está participando de una institución que también le pertenece.
Por eso, cuando se producen conflictos, gastos extraordinarios, acuerdos judiciales o decisiones administrativas cuestionadas, los socios tienen derecho a conocer:
- ¿Quién tomó la decisión?
- ¿Qué Documentación la respaldó?
- ¿Qué alternativas fueron consideradas?
- ¿Cuánto costó?
- ¿Quién autorizó el gasto?
- ¿Qué responsabilidad corresponde a los administradores?
- ¿Qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a ocurrir?
La transparencia no es un favor que los directivos conceden a los socios. Es una obligación inherente a la administración de recursos ajenos.
Y cuando los recursos son de propiedad conjunta, la rendición de cuentas debe ser todavía más rigurosa.
UNA COOPERATIVA NO DEBE FUNCIONAR COMO UNA FINANCIERA CON DUEÑOS SIN VOZ
El cooperativismo nació para que las personas pudieran unirse y resolver necesidades que individualmente les resultaban más difíciles de atender.
Su fuerza está en la solidaridad, la participación, la confianza y la democracia económica.
Por eso, si una cooperativa termina funcionando como una financiera que cobra, ejecuta, exige y administra, pero cuyos socios sienten que no pueden reclamar, fiscalizar o renovar a sus autoridades, algo esencial se ha perdido en el camino.
No basta con tener miles de socios. No basta con inaugurar sucursales. No basta con anunciar servicios financieros. El crecimiento institucional debe estar acompañado de crecimiento democrático.
Una cooperativa grande, pero sin participación efectiva de sus socios, puede ser financieramente importante y, al mismo tiempo, institucionalmente débil.
LO QUE LOS SOCIOS DEBEN EXIGIR
Los socios de Mborayhu no necesitan discursos grandilocuentes. Necesitan respuestas concretas.
Necesitan saber cómo se administran sus recursos. Necesitan conocer los resultados de las auditorías. Necesitan acceder a las informaciones que les permitan evaluar la gestión. Necesitan que las asambleas sean espacios reales de deliberación. Necesitan que los directivos comprendan que su mandato no es un título de propiedad.
Y necesitan, sobre todo, que la responsabilidad no termine siempre diluyéndose entre los socios, como si nadie hubiera tomado las decisiones que produjeron las consecuencias.
Si una gestión fue correcta, que se demuestre con documentos.
Si hubo errores, que se reconozcan.
Si hubo perjuicios, que se determinen las responsabilidades conforme a derecho.
Si existen denuncias, que sean investigadas por las autoridades competentes.
Lo que no corresponde es exigir a los socios que paguen, mientras se les niega la posibilidad de preguntar.
EL VERDADERO FUTURO DE MBORAYHU
La Cooperativa Mborayhu no necesita solamente más crecimiento financiero. Necesita recuperar, fortalecer o demostrar —según corresponda— aquello que constituye su razón de ser: la confianza de sus propietarios.
Y esa confianza no se construye con permanencia indefinida en los cargos. Se construye con transparencia, alternancia, participación, responsabilidad y respeto a los derechos de los asociados.
Porque una cooperativa no es grande cuando sus directivos permanecen muchos años.
Es grande cuando sus socios pueden decir, con tranquilidad: “Esta institución es nuestra, sabemos cómo se administra y tenemos derecho a exigir que se administre bien”.
Ese es el verdadero desafío de Mborayhu.
No se trata de destruir la cooperativa. Se trata de defenderla de cualquier práctica que pueda alejarla de sus propios dueños.
Y si quienes administran la institución consideran que todo está bien, la mejor respuesta no debería ser el silencio ni la descalificación de las críticas.
La mejor respuesta debe ser la transparencia.
