Caen dos directivos de Ueno Bank tras orden de detención fiscal
Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, integrantes del directorio de Ueno Bank, fueron detenidos este martes en el marco de la investigación penal abierta por la crisis de la entidad financiera.
La primera se desempeñaba como directora titular, mientras que el segundo ocupaba la vicepresidencia segunda del banco. La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la institución, tras recibir una denuncia del Banco Central del Paraguay (BCP) acompañada de más de 2.000 páginas de documentos.
La investigación penal sobre la crisis de Ueno Bank comenzó a registrar sus primeras detenciones este martes 3 de noviembre, luego de que el Ministerio Público dispusiera medidas contra integrantes de la conducción de la entidad financiera, sometida a un procedimiento de resolución bancaria por graves problemas de solvencia.
Los primeros detenidos identificados en reportes periodísticos son Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, quienes formaban parte del directorio del banco y aparecen mencionados en la orden de detención emitida por los agentes fiscales que investigan el caso.
De acuerdo con los estados financieros oficiales de Ueno Bank, correspondientes al 31 de marzo de 2026, Torres Rubiani ocupaba el cargo de directora titular, mientras que Rey Fernández figuraba como vicepresidente segundo de la entidad.
La participación de ambos en la estructura directiva también consta en la documentación societaria relacionada con la fusión bancaria formalizada en 2024, cuando se estableció la composición del directorio de Ueno Bank.
La detención de Torres Rubiani fue difundida mediante imágenes en las que se observa a una mujer esposada y escoltada por agentes de la Policía Nacional. El procedimiento fue reportado durante la tarde, en medio de una jornada marcada por las actuaciones fiscales contra los responsables de la administración de la entidad.
Asimismo, se informó sobre la detención de Rey Fernández, quien ocupaba uno de los principales cargos de dirección del banco. Su posición como vicepresidente segundo lo situaba dentro de la estructura superior de gobierno corporativo de la institución financiera.
La Fiscalía dispuso la detención de ocho personas vinculadas al banco. Además de Torres Rubiani y Rey Fernández, la nómina incluye a Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de la entidad; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero; Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos, quien figuraba como síndico titular.
La disposición fue comunicada a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento, con la instrucción de que las personas detenidas sean puestas a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
Las medidas se producen después de que el Banco Central presentara una denuncia penal de aproximadamente 200 páginas, acompañada de más de 2.000 páginas de documentación de respaldo, sobre hechos detectados durante el proceso de supervisión de Ueno Bank.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo investigador integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce Rolandi y Yeimy Adle, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.
Entre los posibles hechos punibles mencionados preliminarmente en el marco de la investigación figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. No obstante, corresponde al Ministerio Público determinar la eventual responsabilidad individual de los investigados y establecer si existen elementos suficientes para formular imputaciones.
El procedimiento penal se desarrolla en paralelo a las medidas adoptadas por el Banco Central, cuyo Directorio resolvió iniciar el proceso de resolución bancaria de Ueno Bank después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal requerido.
La decisión implicó la suspensión de las operaciones habituales de la entidad y la activación de mecanismos destinados a proteger a los depositantes, preservar los activos disponibles y establecer las condiciones para la devolución de los fondos.
La situación afecta a una institución que llegó a reunir aproximadamente tres millones de clientes y que concentra importantes recursos de organismos estatales, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS) y depósitos de otras instituciones públicas.
La crisis también provocó consecuencias en la conducción del organismo regulador. Carlos Carvallo Spalding presentó su renuncia a la presidencia del BCP, mientras que el presidente de la República, Santiago Peña, confirmó posteriormente que había solicitado su salida ante los acontecimientos registrados.
El mandatario anunció además un acuerdo con las autoridades del Congreso para impulsar una ley que permita iniciar el pago inmediato a los ahorristas mediante el Fondo de Garantía de Depósitos y establecer mecanismos que garanticen la devolución de los recursos públicos y previsionales.
Peña también sostuvo que los responsables de las irregularidades deberán responder ante la Justicia, sin excepciones ni privilegios, al tiempo de señalar que la crisis corresponde a una situación particular de Ueno Bank y no a la totalidad del sistema financiero nacional.
Las detenciones de Torres Rubiani y Rey Fernández representan un nuevo capítulo de la investigación penal, que ahora deberá avanzar sobre las decisiones administrativas, financieras y societarias adoptadas durante la gestión de la entidad.
La condición de integrantes del directorio no implica por sí sola responsabilidad penal. La investigación deberá establecer la participación individual de cada persona en los hechos denunciados y determinar si existieron conductas que constituyan delitos.
Mientras tanto, las autoridades financieras continúan con el procedimiento de resolución bancaria y la evaluación de los activos y pasivos de Ueno Bank, en medio de la expectativa de los ahorristas y de las instituciones públicas que mantienen recursos comprometidos en la entidad.
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