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Caso Ueno: amenazas y hostigamientos obligan a reforzar seguridad de fiscales

22.11.202622.11.2026 Nacionales

El fiscal Silvio Corbeta denunció haber sido amenazado por Fabricio Martínez Appleyard, propietario de GSR Security, durante un procedimiento relacionado con la investigación de Ueno Bank. El empresario habría invocado sus contactos políticos en el Gobierno anterior y en el actual. Ante los episodios de intimidación, seguimientos a investigadores y movimientos sospechosos alrededor de las dependencias fiscales, el Ministerio Público solicitó protección policial.

Las investigaciones sobre el colapso de Ueno Bank se desarrollan en medio de un clima de creciente tensión y denuncias de intimidación contra funcionarios del Ministerio Público. El fiscal Silvio Corbeta reveló que recibió amenazas directas durante un allanamiento a la empresa de transporte de caudales GSR Security, vinculada al Grupo Vázquez, mientras otros investigadores también reportaron seguimientos y situaciones de hostigamiento.

El episodio involucra a Fabricio Martín Martínez Appleyard, propietario y representante de GSR Security, quien fue imputado tras detectarse un faltante de G. 3.090 millones en las instalaciones de la compañía. Según Corbeta, el empresario reaccionó agresivamente cuando los investigadores intentaban ingresar al establecimiento para ejecutar una orden judicial.

El representante del Ministerio Público explicó que Martínez Appleyard habría intentado demorar el acceso de la comitiva fiscal, circunstancia que despertó sospechas sobre una posible obstaculización del procedimiento. Ante esa situación, Corbeta le advirtió que sería detenido si persistía en impedir el trabajo de los investigadores.

Fue entonces cuando el empresario, según la denuncia del fiscal, comenzó a proferir insultos y amenazas contra su persona, asegurando que lo perjudicaría por las actuaciones realizadas durante el procedimiento.

Corbeta manifestó que interpretó las expresiones como una intimidación grave contra su integridad física, considerando las características de la investigación y los hechos que involucran a las empresas relacionadas con Ueno Bank.

Aunque reconoció que Martínez Appleyard no manifestó expresamente que atentaría contra su vida, aseguró que las palabras utilizadas no podían ser consideradas una simple reacción de enojo, especialmente por las circunstancias en que fueron pronunciadas.

El fiscal también sostuvo que las amenazas fueron escuchadas por otros integrantes de la comitiva, quienes presenciaron el altercado durante la intervención.

Otro elemento que llamó la atención fue la supuesta invocación de influencias políticas por parte del empresario. Corbeta aseguró que Martínez Appleyard le manifestó reiteradamente que contaba con contactos importantes tanto en la administración anterior como en el Gobierno actual.

La referencia a presuntos vínculos políticos se produjo durante un procedimiento relacionado con una de las investigaciones derivadas del colapso financiero de Ueno Bank, que mantiene bajo investigación a antiguos directivos, empresarios y representantes de compañías vinculadas al Grupo Vázquez.

Martínez Appleyard permanece procesado por hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal, luego de que los investigadores identificaran un faltante de G. 3.090.600.000 durante un arqueo realizado en la bóveda de GSR Security.

La investigación permitió identificar interrupciones del sistema de videovigilancia y movimientos de un vehículo blindado durante la jornada del 3 de noviembre, fecha en que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank. Posteriormente, el empresario entregó un cheque por el monto faltante, aunque la causa penal continuó su curso.

Las amenazas denunciadas por Corbeta no constituyen un hecho aislado dentro de las situaciones de hostigamiento que enfrenta el Ministerio Público. El agente fiscal reveló que otros investigadores fueron seguidos en sus vehículos al abandonar las dependencias de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Asimismo, señaló que se detectaron movimientos reiterados de personas desconocidas en las inmediaciones de la sede fiscal, lo que motivó pedidos de refuerzo de seguridad para proteger tanto las instalaciones como a los funcionarios encargados de las investigaciones.

Ante estos acontecimientos, la fiscal adjunta Nancy Salomón inició gestiones con la Comandancia de la Policía Nacional para coordinar medidas de protección. El requerimiento comprende el resguardo de los fiscales y la vigilancia de las dependencias donde se desarrollan las diligencias relacionadas con el caso Ueno Bank.

Corbeta también recordó que anteriormente había recibido amenazas de muerte durante su participación en otra investigación penal, relacionada con la causa conocida como Tía Chela, vinculada al dirigente político Miguel Prieto.

Según relató, desde una página identificada como Miguel Prieto Presidente recibió mensajes intimidatorios de personas que se presentaban como seguidores o simpatizantes, quienes llegaron a amenazarlo con dispararle en la cabeza y provocarle la muerte.

El representante fiscal afirmó que esos antecedentes fueron denunciados y que las recientes intimidaciones relacionadas con GSR Security también fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes.

En cuanto a la investigación contra Martínez Appleyard, explicó que se solicitará la reasignación de la causa a una dependencia competente para investigar hechos punibles contra la propiedad, considerando que el hurto y otras conductas atribuidas al empresario no corresponden específicamente al ámbito de Delitos Económicos.

Pese a las situaciones denunciadas, Corbeta aseguró que los equipos fiscales continúan trabajando intensamente para identificar y recuperar los activos comprometidos por el colapso bancario, así como para esclarecer las operaciones realizadas por las empresas involucradas.

Las denuncias de amenazas, seguimientos y hostigamientos se producen mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre el destino de los fondos de Ueno Bank, en una causa que también ha derivado en allanamientos, detenciones, imputaciones y nuevas diligencias patrimoniales contra personas vinculadas al conglomerado empresarial.

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