¿Cooperativa o Financiera?
Cuando el asociado deja de ser dueño y pasa a ser el cliente que hay que exprimir
Por Osvaldo Cesar Paniagua Balbuena
El caso de la socia a quien, según se ha denunciado públicamente, se le habría cortado el suministro de agua como mecanismo de presión para obligarla a ponerse al día con las cuotas de un préstamo, no debería ser visto como un simple conflicto entre una institución y una de sus asociadas.
El episodio plantea una pregunta mucho más profunda y mucho más incómoda:
¿La Cooperativa Mborayhu Ltda. está actuando realmente como una cooperativa o está adoptando prácticas propias de una financiera, colocando la rentabilidad y la cobranza por encima de la solidaridad que constituye la esencia del cooperativismo?
Porque hay algo que no debería olvidarse: una cooperativa no es una financiera disfrazada de cooperativa.
La legislación paraguaya define a las cooperativas como asociaciones de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades comunes mediante una empresa de propiedad conjunta, democráticamente controlada y sin fines de lucro. La propia normativa establece, además, principios como el control democrático de los socios y la igualdad de derechos.
Entonces, cuando un asociado atraviesa dificultades económicas, la pregunta no debería ser solamente cuánto puede cobrarle la institución, sino también qué mecanismos solidarios, humanos y cooperativos existen para ayudarlo a superar esa situación.
¿DÓNDE TERMINA EL COOPERATIVISMO Y DÓNDE COMIENZA EL NEGOCIO FINANCIERO?
Otorgar créditos forma parte de las actividades que puede desarrollar una cooperativa. El problema aparece cuando el crédito deja de ser una herramienta para mejorar la situación económica del asociado y se transforma, en la práctica, en un mecanismo permanente de generación de intereses, cargos, refinanciaciones y presión de cobranza.
Una cooperativa tiene derecho a cobrar sus créditos.
Lo que no puede perder es su naturaleza.
Porque si el asociado es considerado propietario de la institución cuando aporta capital, participa de las asambleas y ayuda a sostener económicamente a la entidad, no puede convertirse mágicamente en un simple “deudor” al que se le aplican medidas de presión cada vez que atraviesa una dificultad.
El socio debe ser sujeto de derechos, no solamente sujeto de obligaciones.
Y aquí aparece una contradicción que merece ser explicada públicamente.
¿Cómo puede una institución que se presenta como cooperativa terminar utilizando un servicio esencial —como el agua— como instrumento de presión para obtener el pago de una deuda crediticia?
Si los hechos denunciados son efectivamente así, no estamos ante una simple cuestión administrativa.
Estamos ante un problema que merece ser analizado desde la perspectiva de los principios cooperativos, los derechos del asociado y la finalidad social de la institución.
EL ASOCIADO NO ES UN CLIENTE
Esta diferencia debería estar grabada en la puerta de cualquier cooperativa.
El cliente compra un servicio.
El asociado forma parte de la institución.
El asociado aporta. El asociado participa. El asociado elige. El asociado tiene derechos. Y, fundamentalmente, el asociado es parte de una organización que existe para satisfacer necesidades comunes.
Por eso resulta legítimo preguntar:
¿En qué momento algunos asociados comenzaron a sentirse más como clientes de una financiera que como propietarios de una cooperativa?
Esta pregunta no busca destruir a la Cooperativa Mborayhu.
Todo lo contrario.
Busca exigir que la institución vuelva a mirar hacia sus propios principios.
Porque una cooperativa que funciona exclusivamente mirando cuánto puede cobrar, cuánto puede recaudar y cuánto puede producir financieramente corre el riesgo de olvidar para qué fue creada.
¿Y QUIÉNES SE BENEFICIAN?
Aquí aparece otra cuestión que no puede seguir siendo esquivada.
Si una cooperativa genera excedentes, esos resultados no deberían convertirse en patrimonio particular de un pequeño grupo de dirigentes o asociados privilegiados.
La naturaleza cooperativa exige transparencia, participación democrática y distribución conforme a las reglas legales y estatutarias.
Por eso corresponde preguntar públicamente:
¿Quiénes están realmente beneficiándose del modelo económico de Mborayhu?
¿Los miles de asociados?
¿La comunidad?
¿O existe una estructura donde unos pocos tienen acceso a mayores beneficios mientras la mayoría carga con intereses, cuotas, penalizaciones y exigencias?
No estamos acusando a nadie de haber cometido un delito.
Estamos reclamando transparencia.
Y cuando una institución administra recursos de sus propios asociados, pedir transparencia no es atacar a la institución.
Es defender al asociado.
UNA COOPERATIVA NO PUEDE ENRIQUECER A UNOS POCOS
La palabra “cooperativa” no puede convertirse en una patente de impunidad ni en un escudo para que determinados grupos permanezcan indefinidamente controlando los recursos y las decisiones de todos.
La Ley de Cooperativas establece expresamente el principio de control democrático: los socios participan en las decisiones y quienes son elegidos para representar a la cooperativa responden ante sus miembros.
Por eso la sociedad tiene derecho a preguntar:
¿Cuánto gana realmente la institución?
¿Cuánto se paga en dietas, honorarios, beneficios, viáticos y otros conceptos a sus dirigentes?
¿Cuáles son los criterios para otorgar determinados beneficios?
¿Cuánto dinero se genera anualmente mediante intereses y cargos financieros?
¿Cómo se distribuyen los excedentes?
¿Cuántos asociados terminan pagando mucho más de lo que originalmente recibieron en concepto de crédito?
Y, sobre todo:
¿Qué porcentaje de esos beneficios retorna efectivamente al conjunto de los asociados?
Estas preguntas no son una agresión.
Son preguntas que una verdadera cooperativa debería estar orgullosa de responder.
EL CASO DEL AGUA ES SOLAMENTE LA PUNTA DEL ICEBERG
Lo más preocupante del episodio denunciado no es solamente el corte del servicio.
Lo preocupante es el mensaje que puede transmitir:
“Si usted tiene una deuda con nosotros, podemos utilizar otros servicios que usted recibe de la institución para presionarlo a pagar.”
Si esa fuera realmente la política aplicada, habría que preguntarse si estamos frente a una práctica compatible con el espíritu cooperativo.
Porque una cosa es aplicar procedimientos legales y reglamentarios para recuperar un crédito.
Otra muy diferente es utilizar un servicio esencial como herramienta de presión.
Y esa diferencia merece una explicación clara de las autoridades de la institución.
MBORAYHU DEBE EXPLICAR
La Cooperativa Mborayhu Ltda. tiene una oportunidad extraordinaria.
Puede salir públicamente y explicar qué ocurrió.
Puede mostrar el reglamento que autoriza una medida de esta naturaleza.
Puede explicar si el corte del agua está previsto como mecanismo de cobranza de créditos.
Puede informar cuántos casos similares existen.
Puede explicar cuáles son los mecanismos de refinanciación para asociados en dificultades.
Puede demostrar cuánto de los excedentes vuelve realmente a los asociados.
Puede transparentar los beneficios económicos que reciben sus dirigentes.
Puede demostrar que sigue siendo una cooperativa en toda la dimensión de la palabra.
Porque cuando una institución dice representar a miles de asociados, tiene una obligación mucho mayor que la de simplemente cobrar.
Tiene que responder ante ellos.
NO SE TRATA DE ATACAR A MBORAYHU. SE TRATA DE DEFENDER AL ASOCIADO.
Y esta es quizás la cuestión fundamental.
Criticar determinadas decisiones de una cooperativa no significa estar contra el cooperativismo.
Al contrario.
Defender al asociado es defender al cooperativismo.
Denunciar prácticas que pudieran apartarse de los principios cooperativos es defender la esencia misma de la institución.
Y reclamar transparencia no significa querer destruir una cooperativa.
Significa recordarles a quienes la administran que la cooperativa no les pertenece personalmente.
Pertenece a sus asociados.
Los directivos pasan.
Los cargos pasan.
Las administraciones pasan.
Pero los asociados quedan.
Y si una institución creada para ayudar a sus propios miembros termina haciendo que sus miembros se sientan perseguidos, asfixiados económicamente o utilizados exclusivamente como fuente de ingresos, entonces hay algo que necesita ser revisado.
Urgentemente.
Porque una cooperativa puede tener edificios imponentes, oficinas modernas, tecnología, grandes números y una enorme cartera de créditos.
Pero si detrás de todo eso el asociado dejó de sentirse protegido, escuchado y respetado, entonces habrá que hacerse una pregunta que nadie debería tener miedo de formular:
¿SEGUIMOS TENIENDO UNA COOPERATIVA O ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA FINANCIERA CON EL DINERO DE LOS ASOCIADOS?
La respuesta no corresponde a un periodista.
Corresponde a sus autoridades.
Y, sobre todo, corresponde a los propios asociados.
Porque ellos son los verdaderos dueños.
Y tienen derecho a saber.
